Religión y política II: Maquiavelo, Moro, y los K

Para Nicolás Maquiavelo (1469 – 1527), reconocido como uno de los padres modernos de la ciencia política, los valores tienen un carácter mutable. Por eso para el florentino siempre es necesario volver a los orígenes, “reconducir” con periodicidad a los pueblos hacia sus principios: aquel momento en que las costumbres no estaban corrompidas.

Y es en Maquiavelo -pensador de lo diverso, elogioso de la “discordia” como motor de la “grandeza de la república”- donde la religión aparece clara y explícitamente como un elemento de unidad y cohesión en el orden interno. La religión es creada desde lo político, así como las nociones de “bueno” o “malo”, que se definen políticamente en relación a la idea de salvación de la patria. Y la religión coadyuva a ese fin. No es óbice que los preceptos religiosos sean falsos mientras faciliten la dominación. “Mantener al país religioso” es mantenerlo “bueno y unido”, dice.

Maquiavelo cita el caso de Numa Pompilio, el sucesor de Rómulo, quien para conseguir el noble fin de llevar al pueblo a la obediencia civil recurrió a la religión simulando “tener familiaridad con una ninfa que le aconsejaba todo lo que luego [él] aconsejaba al pueblo”. De otro modo, las leyes no serían aceptadas ni, en consecuencia, obedecidas. También ayudan a mantener a los ejércitos disciplinados, enseña. De aquí se desprende su importancia política en el momento de la fundación: como sostén de inspiración del fundador.

Esta función que tiene la religión (o “religazón”) en Maquiavelo como herramienta útil del poder para ejercer la dominación (que Max Weber ampliará y llamará “ideológica”) brinda “legitimidad” (Weber) al Estado, pero ya no como delegación divina sino como creación, como artificio -político- del poder -político- para facilitar su efectividad en la construcción del consenso que permita la conservación del Estado en miras al bien (común) del pueblo. Al margen, retener esto último es importante para entender lo “maquiavélico” de Maquiavelo: para despejar los equívocos sobre su opúsculo El Príncipe. Pero eso quedará para otro post.

Justamente -volviendo-, lo político es lo mutable, lo que puede ser o no, lo contingente.

En la polis griega que piensa Aristóteles (384 AC - 322 AC), el espacio (político) para la realización del hombre es el de lo público, que es, además, el espacio de la diferencia ya que todos los hombre son diferentes, únicos e irrepetibles. Y, a la vez, “iguales” en tanto “ciudadanos”.

En cambio en Utopía, el clásico texto de Tomás Moro (1478 – 1535) (quien inventa esa palabra), no hay lugar para la política: porque no hay lugar para la diferencia. En la utopía moreana, entonces, la función “política” de la religión, como la de los valores y las costumbres, es reemplazar la especificidad política, abolir toda nota de diferenciación. Esto denota, por otro lado, un rasgo de pesimismo antropológico en Moro, ya que ve a los hombres como naturalmente intolerantes.

Entonces, mientras Maquiavelo y Aristóteles buscan la unidad desde la diferencia (algo propio de todo el pensamiento republicano, cuyo exponente cúlmine es, sin dudas, Madison), Moro lo hace desde una supuesta igualación. El plan estratégico (político) es el mismo: buscar la unidad, pero con distintas tácticas, digamos. El problema de la táctica moreana es la negación de la política.

En fin. Si bien quizá no de la religión, los K siempre abominaron de la Iglesia como institución (de ésta iglesia argentina, al menos). Sin embargo, en el tratamiento que hoy hace el kirchnerismo de la muerte de Néstor Kirchner se puede observar ese intento de negación moreana de la política, al ubicar al líder en el campo de lo sagrado-intocable y, a su vez (y esto es lo importante), en el centro de la acción política, aún después de muerto.

No es, por cierto, la primera vez que el kirchnerismo apela al recurso de los muertos para revestir de legitimidad una idea . Ahí están los "gloriosos jóvenes que perdieron la vida en los setenta".

Hoy, hasta el propio Kirchner es devorado por ese mecanismo. “Esto es lo que hubiera querido Néstor”, “así lo hubiera hecho Néstor”, o “lo hacemos por él”. Palabras que incluso se escucharon de boca de su viuda, CFK: a la sazón nuestra presidenta. Es curioso porque por estos días parecería como que el mandato (la ficción que conocemos por tal) no es popular, o contractual-constitucional, sino religiosa. Curiosamente, una operación despolitizadora del “juego político” propia del noventismo neoliberal. Una coincidencia más entre aquél y este peronismo.

Coincidencia que, por último, no deja de ser importante remarcar, ahora que parece que "con Kirchner volvió la política". No: la política volvió con el click que representaron para esta sociedad los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Incapacidades estatales, concentración, (re)distribución y estadísticas públicas mentirosas

Último post sobre el seminario sobre “la Cuestion Social en Argentina” al que asistí. Aquí presentaré las exposiciones del sociólogo especialista en políticas públicas Aldo Isuani (también presidente del partido GEN de la Ciudad de Buenos Aires), y la del economista Javier Lindenboim, especialista en temas de empleo, distribución del ingreso y director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED) de Económicas de la UBA.

Incapacidades estatales

Aldo Isuani abandonó la mirada dura, numérica, y se dedicó más bien a definir grandes esquemas conceptuales. Planteó a grandes rasgos el cambio del perfil productivo y del mercado de trabajo (y de la conceptualización del trabajo en el mundo moderno). Y señaló que “sólo dos de cada diez argentinos producen todos bienes materiales (industriales y agrícolas)”.

Luego marcó la necesidad de rediseñar estrategias de transferencia económicas hacia desempleados, que hoy es escasa. ¿Quién hace esto? El Estado, claro. Por eso, es imprescindible repensar sus capacidades.

Se dice que en Argentina tenemos un proceso de recuperación del Estado. Lo cual no es cierto. Seguimos teniendo un Estado incapaz. Fundamentalmente, Isuani llamó la atención sobre tres “incapacidades”, sobre tres materias en las que hay que capacitar al Estado.

Primero: las incapacidades técnicas. Por ejemplo: el Estado cobra impuestos y transfiere a sectores pasivos -vía AFIP - ANSES- de un modo aceptable. Pero esto no es así en otras áreas, como delitos complejos, medicamentos, o la cuestión no menor del caos del tránsito, que deja unos 600 muertos por año en el país, abusos de las empresas frente a los consumidores; elementos todos, que demuestran que la presencia del Estado es muy defectuosa. Y los controles, nulos.

Segundo: la “incapacidad sincrónica”. Incapacidad del Estado para seguir y adaptarse a los rápidos cambios de la sociedad contemporánea (tipos de familia, desempleo en la juventud, precarización del trabajo, etc). Isuani es contundente: El Estado sigue estructurado como hace 30 años. Y por eso sigue asignando 8 puntos del producto a la política previsional pero casi nada a políticas para los sectores juveniles.

Entonces, el desafío es atender a las problemáticas que han venido para quedarse. Las provincias más pobres siguen afuera del reparto. La moratoria previsional es pan para hoy y hambre para mañana. Existen unos 500.000 ancianos pobres que no tienen hoy jubilación ni pensión. Pero hay 700.000 que tienen doble beneficio. El Estado debe tomar nota y adaptarse.

Tercero: la incapacidad política. El Estado no es un actor: es un “escenario” donde participa la sociedad civil. Por tanto, que el Estado se adapte dependerá de las fuerzas políticas que ocupen ese Estado.

Y esto hay que plantearlo hoy. Hay que empezar a mirarlo hoy. Porque en dos años no se logra la burocracia que necesitamos.

Este es el gran desafío, y hay que empezar a afrontarlo, concluyó Isuani. No podemos perder tiempo.

Concentración económica y poca redistribución

Javier Lindenboim empezó su charla haciendo énfasis en la diferenciación conceptual entre “distribución” y “redistribución” de bienes. La primera es lo ocurre naturalmente en el mercado con lo que se “produce”: la forma en que se produce define la forma de la apropiación. Esto es insatisfactorio socialmente. Y aquí es cuando debe intervenir la “redistribución”. Ésta corre por cuenta, claro está, de un agente externo al mercado: el Estado. Por ello se vuelve más necesario hallar mecanismos mecanismos redistributivos cuanto peor sea la distribución. Toda estrategia redistributiva debe mirar la economía completa, empezando por la producción.

Luego, el economista señaló que la capacidad de compra del salario medio no es igual a la cantidad de distribución de la torta total de ganancia. Según sus cálculos -que fue mostrando en diversas láminas de un ppt-, la productividad de los trabajadores crece como tendencia año a año desde 1947. Pero su participación en las ganancias, no. Estamos muy por debajo del mundo. Y visto por subperíodos, hasta 1976 crecían ambos indicadores (siempre a favor de la productividad, claro). Luego, solo crece la productividad, mientras que el salario cae.

Lindenboim también mostró con números que de 2003 a 2006 la ocupación creció, pero que ese efecto ya desapareció.

A futuro, la asignaturas pendientes que nota el economista son:

* Frenar la concentración económica

* Reformar la estructura (regresiva) de recaudación fiscal

* Frenar el caudal de transferencias del Trabajo al Capital

Lindenboim desmintió con datos algo que forma parte del sentido común gobernante de nuestro tiempo: que la concentración económica nunca disminuyó en el ciclo actual. Al contrario: se incrementó.

Y remató con un clásico del mundo académico serio: la necesidad de devolverle la credibilidad a las estadísticas públicas. Y cerró con el ejemplo de las variaciones acumuladas del Índice de Precios del Consumidor de 2006 a 2010. Mientras que para el IPC del Indec es del 30%, otras provincias que siguen otras metodologías, como San Luis, Córdoba, Mendoza o Santa Fe, la cifra se triplica. En consecuencia, el comportamiento del salario varía, como se sabe, según se tome en cuenta uno u otro índice. Y esto hace que varíe, también, la masa de participación de los asalariados en el total de la producción de bienes y la necesidad, o intensidad, de intervención del Estado para lograr una más justa redistribución.

Moratoria previsional y participación en las ganancias: dos ejemplos de políticas públicas mal diseñadas

Hoy estuve en un seminario sobre “la Cuestion Social en Argentina”, en la que participaron tres estudiosos de la problemática: el sociólogo especialista en políticas públicas Aldo Isuani (también presidente del partido GEN de la Ciudad de Buenos Aires), el experto en temas laborales Ernesto Kritz, director de SEL Consultores, y el economista Javier Lindenboim, especialista en temas de empleo, distribución del ingreso y director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED) con sede en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

En próximos post reseñaré las ponencias de Isuani y de Lindenboim. Hoy me detendré en la contundente exposición de Kritz.

El sociólogo abordó dos problemáticas. En primera instancia, la “moratoria previsional” encarada por el fallecido ex presidente Néstor Kirchner durante su gobierno. Y, luego, el reciente proyecto del diputado moyanista Héctor Recalde sobre participación de los asalariados en las ganancias de las empresas.

Sobre la moratoria, Kritz empezó recordando que hasta 2006 los beneficiarios del sistema previsional eran unas tres millones de personas. A partir de ese año, se han incorporado unas dos millones más.

Ahora, ¿cómo se distribuyen socialmente los beneficios, según nivel de ingreso de la familia? Kritz enfatizó en el hecho de que mientras el 50 por ciento de los que lo reciben pertenecen a sectores de clase media, solo menos del 30 por ciento va a los sectores de menores ingresos. “Una política progresista, pero relativizada”.

Ahora, solo uno de cada cinco jubilados argentinos vive en un hogar pobre. La pregunta es: ¿dónde están las personas en edad de jubilarse? La mayoría de los ancianos está en hogares de sectores medios. Y los que diseñaron esta política no vieron eso. Algo que sí fue observado, hay que decirlo, con la Asignación Universal por Hijo (AUH), que efectivamente llega a los hijos de familias más pobres.

La masa de haberes jubilatorios está en el orden de los 100.000 millones de pesos. Antes de la moratoria, a los jubilados pobres les correspondía un 10 por ciento del total. Hoy, un 12 por ciento. Es decir, solo ganaron un dos por ciento más. Mientras que los sectores medios ganaron un cuatro por ciento.

El proyecto de presupuesto nacional para 2011 asciende a unos 370.000 millones de pesos, aproximadamente. De esa masa, al sistema previsional va el 10 por ciento: unos 37.000 millones de pesos. De esos 37.000, a los sectores pobres les toca un tercio (unos 11.000 millones), y a los más altos, otro tercio (12.000 millones).

Lo que revela todo este cuadro es una clara inconsistencia entre el objetivo de la política (equidad distributiva) y el resultado.

La otra política analizada por Kritz el el proyecto de ley de participación de los asalariados en las ganancias de las empresas, garantizada por el artículo 14 Bis de nuestra Constitución Nacional; proyecto provisoriamente suspendido por un acuerdo – “tregua” entre la CGT y la UIA tras la muerte de Kirchner.

El experto partió del porcentaje del empleo en negro: cerca del 40 por ciento de la población económicamente activa (PEA). Por tanto, hoy esa medida no afectaría a todos los asalariados. Pero, ¿a cuántos llegaría? Para Kritz, alcanzaría a cerca de cinco millones de personas: uno de cada tres ocupados: los asalariados privados en blanco (pues ni siquiera está diseñado -hasta hoy- para los empleados públicos). Es decir: menos de la mitad de los asalariados. Con lo cual, la ecuación es: “más pobre, y mayor trabajo en negro, menos recibe”.

Ahora, si profundizamos: ¿cómo llega a los trabajadores en blanco? Según los cálculos que el sociólogo mostró en la pantalla grande en un power point, siete de cada diez asalariados privados están en la mitad superior de la escala distributiva. Estos asalariados son los que mayormente se beneficiarían, según cómo está planteada hoy la medida. Traducción: cero equidad distributiva. Un asalariado petrolero va a recibir 37 veces más que un trabajador de la salud o del área educativa.

Así planteadas las cosas, la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan, sencillamente, aumentaría.

La conclusión de Kritz es rotunda: si no hay consistencia entre los objetivos y el diseño y metodología de alcance, una política progresista puede terminar arrojando resultados conservadores.

El Estado y la ciencia política, según Oszlak y O'Donnell

En junio pasado (el 14, para más datos), en las VI Jornadas Internacionales del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Oscar Oszlak y Guillermo O’Donnell, los dos mayores referentes vivos de la ciencia política nacional, dieron una conferencia juntos, reactualizando un texto clásico de la disciplina escrito por ambos hace 35 años: "Estado y Políticas Públicas en América Latina: Hacia una estrategia de investigación", de 1976.

Los dos más grandes analistas políticos argentinos del Estado se plantearon como pregunta algo cuya sola formulación pondría los pelos de punta del sentido común gobernante: "¿Es el Estado de hoy el mismo que el de los 90? Ésa es 'la' pregunta de la ciencia política hoy", afirmaron.

Un fragmento de lo que dijo O'Donnell:

“En aquel viejo trabajo criticamos el reduccionismo empirista que cree que se puede aislar una política pública (PP) y analizarla endógenamente. Ése es un reduccionismo conservador presente en gran parte de la ciencia política actual en el análisis de las políticas públicas. Esta crítica hay que radicalizarla. Ya que este reduccionismo es una de las plagas de la ciencia política actual. Uno cree que puede analizar el comportamiento de los legisladores y demás actores abstrayéndolos de los campos de fuerza en que están inmersos, con la presunción de que no hay otros argumentos contextualizantes. Si uno limita el objeto de análisis así, comete una falacia. Esto tiene un carácter profundamente conservador. Porque ese reduccionismo empirista es incapaz de reconocer que el gran tema de la política es el poder y la disputa por el poder; así, vemos la cantidad de trabajos higiénicos que se producen”.

Es la tentación de refugiarse en una quintita, de ser prolijo y sacar conclusiones. Enfermedad que aqueja al mainstream de la ciencia política argentina.

Al término de la conferencia, le hice una pregunta a Oszlak sobre nuestro Estado actual. Y me respondió que "es probable" que las supuestas "nuevas capacidades" del Estado actual den lugar mañana a una nueva crítica neoliberal como la de los 90.

Desde este blog intentamos llamar la atención sobre los falsos lugares comunes del “relato” del poder, y criticar las falencias del Estado actual. Señalaremos, cada vez que podamos, la ausencia del Estado en sus roles indelegables ante la sociedad: para anticipar y evitar la crítica neoliberal por venir.

Política y participación: ¿qué fue el "que se vayan todos"?

La mala memoria -o la mala intención- hacen imperioso repasar el sentido sociopolítico de los hechos ocurridos a partir del 19 y 20 de diciembre de 2001 en todos los barrios porteños, y en cada rincón del país, al grito del "que se vayan todos".
Porque ahora parece que fue el fallecido ex presidente Néstor Kirchner el que nos sacó de aquel "infierno" que significaba la gente en la calle auscultando, reclamando y exigiendo -hasta con propuestas por escrito- al poder, casi poniendo en cuestión el artículo 22 de nuestra Carta Magna ("El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes").
Los medios y los políticos -que se quedaron- parecen tener un especial interés en vaciar primero, y resignificar luego, aquellos sucesos que representaron un "click" en la mentalidad ciudadana argentina y no un "momento de anomia y despolitización", como se pretende ahora casi al unísono.
Por ello hoy quisiera reflotar algunos fragmentos de un artículo que escribí hace un tiempo sobre el tema: para recordar qué "vino" con el "que se vayan todos", y cómo reaccionó ante ello la dirigencia política.

Nueva ciudadanía versus vieja política

Los acontecimientos ocurridos el 19 y 20 de diciembre de 2001, que pusieron en estado de asamblea popular permanente a cada uno de los barrios y ciudades del país, constituyeron, sin duda, un nuevo envión para las nuevas formas de protagonismo social. Aquello fue (y es) tan poco comprendido que hasta algunos intelectuales biempensantes empezaron a hablar, por entonces, de la “disolución de la Argentina como país”. Pero lo cierto es que, al mismo tiempo que el colapso institucional ponía en evidencia la fatiga del sistema político representativo, las asambleas barriales volvían a expresar, como años atrás lo habían hecho los piqueteros, la capacidad de autoorganización de distintos sectores de la sociedad, de construir y de regenerar lazos sociales por fuera de las instituciones, muchas veces barriales, más centrados en lo local, en la confianza y en el vínculo personal para hacer frente a problemas sociales concretos y acuciantes, otorgándoles así mayor preeminencia a las prácticas democráticas (y solidarias) que a los discursos.

(...)

El verbo constitucional “peticionar” parece haber perdido vigencia a manos del más imperativo “exigir” a las autoridades, como lo muestran las demandas de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú en la resolución del conocido conflicto por la instalación de las papeleras en Uruguay. Piquete y asamblea: aquella síntesis que se instaló con fuerza luego de diciembre de 2001, y que meses más tarde muchos se apresuraban a dar por muerta, reaparecía pocos años después con todo su vigor como forma política de reclamar.

(...)

En otro orden de cosas, vecinos de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires impulsan iniciativas –actualmente en estudio por una comisión bicameral bonaerense– para crear nuevos partidos, más pequeños, y así lograr una mejor gestión con mayor control y participación ciudadana. Aunque su aplicación lleva años en mora, la Ciudad de Buenos Aires ya había hecho punta con esta idea (ver “La participación en la Ciudad…”).
Estos son sólo algunos ejemplos, entre tantos que existen en todo el país, de ciudadanos que optan por la acción directa y por ponerle el cuerpo a la práctica política. Ejemplos que ya forman parte de nuestra vida cotidiana y que parecen demostrar que la política ha dejado de ser patrimonio exclusivo de los políticos.

La participación en la Ciudad, bien gracias

“Participación”, reclaman los ciudadanos por aquí, allá y acullá. Y “participación”, previsiblemente, es la respuesta que se apuran a ofrecer los políticos cuando los ciudadanos se movilizan. Diciembre de 2001 marca, ciertamente, un pico de efervescencia social y ciudadana en todo el país. Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires no serían la excepción. Al calor del bullicio “cacerolero”, los vecinos porteños comienzan a reunirse para expresar no sólo su malestar sino también sus opiniones políticas, las que muchas veces se irán enriqueciendo hasta generar una iniciativa ante el Estado. “Participación”, entonces, es la palabra mentada desde las esferas institucionales para dar cauce a las inquietudes ciudadanas. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de “participación”? Dos ejemplos, la implementación de las Comunas y las dificultades sufridas por algunas experiencias participativas en materia de salud nos hablan de la distancia existente entre un discurso políticamente correcto y prácticas que son una clara muestra de la persistencia de la vieja política.
Para ponerse a tono con los tiempos democráticos que corren, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires de 199 6 creó, entre varias figuras novedosas e innovadoras, la de las “Comunas”, que dividen la Ciudad en quince “unidades de gestión política y administrativa” descentralizadas, con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propios.
Las Comunas tendrán por objeto, entre otras cosas, según reza la Ley Orgánica de Comunas (Ley 1777 ), sancionada por la Legislatura Porteña el 1 de septiembre de 2005, “promover la descentralización”, “facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y en el control de los asuntos públicos”, “promover el desarrollo de mecanismos de democracia directa” y “consolidar la cultura democrática participativa”. Pero por cuestiones de arquitectura legal, de infraestructura, y hasta de límites no resueltos por la Ley 1777 (saldados tan sólo hace un mes por la Justicia Electoral), el mandato constitucional de crear las Comunas para dar vida a una “democracia participativa” ya lleva diez años sin aplicarse plenamente.
“Las Comunas son la vía más idónea para que los porteños abandonemos el ‘no te metás’ y empecemos a ser protagonistas de verdad en la construcción de nuestro barrio”, se entusiasma Ricardo, peluquero, vecino de Villa Urquiza y miembro de esa asamblea barrial, que participó hasta hace poco de las charlas para implementar la transición hacia las Comunas, que realizan funcionarios de la Ciudad con ciudadanos porteños en el Bar América (Córdoba 1811) todos los lunes a las 19.
Carlos Wilkinson, miembro de la Red de Vecinos de Buenos Aires, también aplaude la Ley de Comunas pero tiene sus dudas. “Que el presupuesto inicial a repartirse sea del cinco por ciento del presupuesto de la Ciudad deja muy poca capacidad de decisión política a la Comuna. De modo que, sin presupuesto, no se puede hablar de una auténtica participación”, sostiene.

En el mismo sentido, el sociólogo Emilio Pauselli (UBA) piensa que la mayor energía puesta en juego desde la sociedad a partir del 2001 “se verá obstaculizada por unas prácticas políticas que entienden que la participación no controlada es riesgosa, que una cosa es ‘opinar’ y otra ‘decidir’”. En efecto, para Pauselli, el “que se vayan todos” surgido de las asambleas expresa, en verdad, el proceso de transformación de “la relación entre la sociedad en general y el subsistema político en particular y no si quienes participan y conducen el subsistema político se quedan o se van”. Lo que el espíritu asambleario muestra son las ganas no sólo de involucrarse sino de decidir que tiene la nueva ciudadanía. Por ello suelen fracasar los proyectos participativos gubernamentales, porque “no se orientan a favorecer un protagonismo ciudadano reconstituyente”, como advierte Pauselli, “sino a reproducir y mantener el estado social de disgregación, mediante su dependencia de la clase política, reproduciendo el paradigma de relaciones establecido”.
La disminución de asistentes que desde 2002 viene sufriendo, año tras año, el Presupuesto Participativo porteño es otro claro ejemplo de que los ciudadanos no están dispuestos a hacer como que juegan a la participación.
La salud es otro ítem que también muestra que del dicho al hecho hay mucho trecho en materia de participación. La socióloga Grisel Adissi (UBA), que estudió las características de dicha temática en los sectores más postergados de la Ciudad, comienza por establecer una distinción semántica importante: los movimientos sociales que se conforman para resolver cuestiones vinculadas con la salud no entienden la “participación” en términos de presentarse en el espacio público, debatir y demás, sino, de modo más apremiante, como “ayuda mutua”, la cual “abarca desde diferentes formas de conseguir medicamentos (cuotas solidarias para solventar compras, donaciones) hasta otras estrategias más puntuales de resolución”, muchas veces sin referencia alguna al Estado. Así, estos movimientos, “que se plantean a sí mismos como autónomos, se remiten a redes más polimorfas de solidaridades obtenidas por su lucha”.
En este caso también se ve la impronta de los acontecimientos de diciembre de 2001. Las asambleas barriales, reunidas en la Interbarrial de Parque Centenario, generaron por entonces una instancia respecto a este problema, Intersalud, que comenzó a funcionar como intento de articulación de demandas de diversos tipos, que se fueron plasmando en una serie de “puntos” solicitados hacia el gobierno porteño a través de petitorios, elevación de informes y denuncias, y reuniones con funcionarios, apoyados siempre con “medidas de fuerzas” tales como actos, concentraciones, marchas, tomas de hospitales, etc. Adissi destaca que “las veces que las acciones con lógica de ciudadanía dependían del diálogo con el gobierno, fueron obstaculizadas de manera sistemática”.
Y pese a seguir los canales que el Estado mismo pone a disposición de la participación ciudadana, como la Defensoría de la Ciudad, no obtuvieron respuesta.
Pero lo importante para Adissi es que, a través de estas prácticas, “los movimientos sociales involucrados amplían el espacio público-político, cuestionando de hecho el monopolio del hacer político por parte de las instituciones y de los ‘políticos profesionales’”.
Sin embargo, en términos estrictamente institucionales, la socióloga destaca que “la influencia de los movimientos sociales en la configuración de la política pública, al menos en lo que a Salud respecta, se encuentra lejos de tener lugar por canales aceitados e impulsados desde el gobierno, contrariamente a lo proclamado”. En palabras de Pauselli, “los espacios participativos se construyen desde la oferta de los gobiernos y resultan bastante impermeables a las demandas de los participantes en cuanto éstas no son funcionales o sólo son distintas a las preformateadas”.
Los gobiernos no sólo deberían atender sino también estimular la participación de los movimientos sociales y ciudadanos, pues, como enfatiza Adissi, “son la forma más genuina de expresión popular”.
Pero, para que eso sea posible, hace falta un Estado fuerte, lo que no se contradice con la idea de democracia plural y participativa. Y aún con sus vaivenes, con las broncas espasmódicas, las desilusiones y las esperanzas que la nueva ciudadanía despierta, mal que les pese a los defensores de la vieja política, la sociedad está empezando a demostrar con vigor e imaginación que todavía tiene mucho que decir sobre ello.

Pueden leer mi artículo completo en el Boletín N° 23 de la Academia Nacional de Periodismo.

El Estado presente, del "relato" a la práctica

La ausencia del Estado, o su deficiente presencia, será una constante de este blog. Esta insistencia se vuelve urgente a raíz del discurso instalado o dominante, que señala lo contrario, luego de la llegada del kirchnerismo al poder central. Será, entonces, un intento por deconstruir el “relato” oficial.

¿Por qué esto es importante? Porque es necesario no habilitar nuevamente la crítica neoliberal al Estado, el canto al sálvese quien pueda, agazapado detrás del manejo ineficiente del Estado actual. No estamos aún en camino hacia un Estado ágil o “atlético” e inteligente, como lo entiende el politólogo Oscar Oszlak. Esto es, no un Estado que incrementó su “deformidad” luego del ajuste de los 90 -que sólo atendió su hipertrofia-, sino un Estado que atienda, más que al tamaño, a la calidad de la gestión pública. Esto se comenzará a lograr cuando se fortalezca al Estado con capacidades institucionales, profesionalizando al servicio público; con autonomía y con más accountability (responsabilización) ante la sociedad. Claramente, no es el camino por el que transita la Argentina. Es lo que en este blog intentaremos mostrar de a pinceladas.

Véase, por ejemplo, lo señalado por la ex titular de la Agencia de Inversiones, Beatriz Nofal, hace pocas semanas en Clarín.

"Desde la Agencia de Inversiones habíamos diseñado un proyecto para promover la inversión en las empresas medianas", que desde enero de 2009 duerme en los cajones del Ministerio de Industria, dice Nofal. Una muestra de que el actual Gobierno nacional aplica, en lo básico, el mismo manualcito monetarista de los 90.

Otro claro indicador de "Estado ausente".

Véase en la misma línea la tarea sucia realizada por el secretario de comercio Guillermo Moreno con los controles de precios. Pero, ¿cómo? Concentrando la economía en pocas manos para luego arreglar todo con un telefonazo. Mientras tanto, la Ley de Defensa de la Competencia (N° 25.156), calcada de EEUU y muy dura, duerme el sueño de los justos. Sólo dos veces se usó: en 1999 y 2004 (con Lavagna). Nunca se constituyó el Tribunal de Defensa d la Competencia. Existe un instrumento contra las posiciones dominantes. No se usa.

El mercado se autogobierna. No hay Estado. Paradójicamente, el caso Fibertel lo demuestra. La actuación desprolija del Estado (permítaseme una lectura ingenua) sólo refuerza ls argumentos neoliberales no intervencionistas del vulgo.

Insisto: "Estado presente" es una categoría de análisis. Que no debería confundirse con "Estado prepotente" o "prepotencia de Estado", por un lado, ni, por otro, con el viejo "Estado interventor" que naciera allá por el primer peronismo.

Al Estado se lo depura -otra vez- con un cuerpo burocrático formado. Caso contrario: se lo poda, como en los 90. La Historia ya ha mostrado que eso no sirve. El Estado actual, que no gasta donde (y como) tiene que gastar, pero tira subsidios por todos lados para la clase media y alta (Transporte, ONCCA), y migajas al estilo de la Caja Pan para los pobres, es una vuelta al Estado ineficiente que teníamos hasta los 80.

Ésta será, tanto o más que la "polarización social", la peor herencia de los K: la vuelta de la crítica neoliberal al "Estado bobo". La mala gestión nos está haciendo perder una oportunidad histórica para concientizar a la sociedad sobre la necesidad y conveniencia de un Estado fuerte.

"El Estado es la representación metafísica que se hace la sociedad de sí misma", afirma el filósofo político Carl Schmitt. El Estado, como la democracia, y cada uno de nuestros valores e instituciones, es una construcción histórica. La de este momento que nos toca vivir es la que el Gobierno nacional sostiene desde su discurso. Pero no desde su práctica.

El Estado: la ausencia que más duele

Como toda primera vez, este primer posteo en el blog deberá entenderse como una suerte de declaración de principios, una carta de presentación que muestra mis preocupaciones, los temas a los que me aboco, y la forma en que los abordo.
Sin más preludios, hoy me preocupa el tema de la (in)seguridad. Cuestión mediática, si las hay. Caballito de batalla de la derecha vernácula. Tema tabú para la centro-izquierda dirigente. Y, por cierto, para el Gobierno nacional.
¿Saben por qué el kirchnerismo no tiene discurso sobre la inseguridad? Porque, en tanto "progresistas" q pretenden ser, la inseguridad es un síntoma de la falta de políticas redistributivas, de generación de empleo genuino, etc., etc.(toda la cadena de significantes articulados a los que responden discursivamente los Kirchner).
La inseguridad muestra, precisamente, la distancia entre lo que ellos dicen que son como grupo político y lo que (no) hacen en materia de políticas públicas. Hay que hablar de la inseguridad. Como, también, de la seguridad. De las fuerzas públicas, de su capacidad y su honestidad. Del negocio de la droga. Y, claro, de las distintas políticas públicas que hay que implementar para brindar a la ciudadanía no sólo un país más seguro (en cada rincón) sino, tan o más importante, más justo e igualitario.
No me parece una buena solución crear fuerzas de seguridad municipales. Ya hemos vivido esto. Este tipo de soluciones nos remiten a la política noventista (menemista, neoliberal), descentralizadora hacia niveles inferiores de gobierno: tirar la pelota afuera de la cancha. Se trata, más bien, de todo lo contrario: fortificar al Estado con nuevas capacidades e incrementar el diálogo político entre los distintos jefes (comunales, provincial y nacional), sean del color político que fueren, para coordinar políticas públicas. Es un clásico de la ciencia política como disciplina que cada área de estudios termine siempre con la misma observación: "lo necesario para implementar esta (X) cuestión es voluntad política y liderazgo". Pues bien, eso es lo que reclama el ciudadano. Eso es lo que desnuda la inseguridad como cuestión acuciante. La falta de un Estado realmente presente. En el fondo, por más discurso o "relato" que se sostenga desde el poder y sus medios afines, el Estado argentino sigue ausente, desmembrado, desjerarquizado, incapacitado.
No hay relato que pueda devolver un hijo o un marido muerto.
La inseguridad es, quizá, el emergente más descarnado de esa ausencia estatal.