Escraches y escrachos. Subjetividad y clivaje político

A raíz de los escraches que se dieron en estos días, vienen apareciendo varios artículos que manifiestan su preocupación por este "método fascista" de señalamiento público. El sábado, el sociólogo y director de la consultora Poliarquía, Eduardo Fidanza, escribió en La Nación una nota titulada "La paradoja del prejuicio presidencial", para hablar de clima hostil y violento en Argentina. "Ahora, un gobierno que enjuició ejemplarmente al terrorismo de Estado y enseñó la brutal diferencia que lo separa de la violencia de los privados, debería reflexionar sobre su responsabilidad en el terrorismo simbólico que nos envuelve", afirma Fidanza, preocupado.
Ayer domingo, el periodista Joaquín Morales Solá escribió esto en su habitual columna dominical, también en el diario de los Mitre: "(...) una cosa es la protesta colectiva y pacífica en el común espacio público. Otra cosa es el escrache individual. El escrache es un método que creó el fascismo y que perfeccionó el nazismo. Es un modo de agresión personal que expresa a una sociedad violenta e incivilizada. El kirchnerismo espoleó el escrache con sus adversarios, pero ese antecedente (que nunca antes provocó un repudio del Gobierno) no legitima el recurso. Al contrario. Es lo que debe cambiar. No hay fines nobles que puedan alcanzarse con medios innobles".
El viernes pasado, el escritor y ex funcionario menemista Jorge Asís (‏@CayetanoAsis) tuiteó siete micromensajes al respecto. Vale citarlos:

    "El escrache es siempre un acto fascistoide. Por haberlos padecido, tiendo a solidarizarme con el escrachado. Sea Oyarbide o Moreno".
    "El escrache era tomado como un acto progresista cuando Hijos lo organizaba en la casa de un coronel. Pero era fachoso igual.
    "Ir en barra a insultar a la casa de un desdichado despunta como un acto de cobardía colectiva".
    "Termino: no existe la selectividad para el escrache. Es un acto abominable de impotencia colectiva. Piedad para los escrachadores".
    "Los que merecen piedad son los escrachadores".
    "Los básicos que fueron a escrachar a Moreno terminaron como protagonistas involuntarios de una acción de contrainteligencia".
    "A los escrachadores les regalás dos tortugas y se les escapan. Logran que el escrachado se victimice. 'Matar a Moreno', es el título".

Todos los aludidos hablaron de "nazismo". Y compararon -a mi entender, una comparación poco feliz- los escraches contra el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el juez Norberto Oyarbide, con los señalamientos públicos que se sucedían en los orígenes del fascismo italiano y del nazismo alemán.

Durante el boicot anti-judío, hombres de las SA llevan carteles que rezan:

"¡Alemanes! ¡Defiéndanse! ¡No les compren a los judíos!" (Berlín, Alemania, marzo o abril de 1933).

Sostengo que importar acríticamente estas categorías, despojándolas del contexto histórico-político en el que acontecieron, no contribuye demasiado al entedimiento del momento que vivimos en Argentina. No vivimos en un contexto de crisis de las democracias. Al contrario, las diversas expresiones callejeras reclaman -nunca está de más recordarlo- más y mejor democracia.
Por eso insisto, en primer término, en el concepto de "clivaje político", al que recurrí hace dos años para comprender(nos). Lo que vivimos en esta Argentina kirchnerista se puede entender como "clivaje político". El clivaje sociopolítico es algo que nació con Perón y casi murió con él. Pero es un mecanismo que los K revivieron para captar voluntades con falsas antinomias. Ésa es la que yo considero la peor herencia K, como lo escribí en el post citado. Una verdadera calamidad nacional. Pero de allí a compararlo con el genocidio que sufrieron los judíos bajo el nazismo me parece un despropósito. El nazismo fue la ejecución de un plan de exterminio de una etnia desde el poder, llevada adelante por un mecanismo de poder totalitario, que pretendía además controlar las mentes y los cuerpos de los ciudadanos alemanes hasta en el más mínimo detalle (privado).
El clivaje político que (re)vivimos en la Argentina es responsabilidad exclusiva de quienes lo fogonean: quienes ejercen contingentemente el gobierno nacional y ocupan todos los aparatos del Estado. Lejos estoy, entonces, de apañar y generar confusión sosteniendo una especie de "teoría de los dos demonios" light que condene los escraches que han sucedido la semana pasada.
El escrache "a la argentina" es una forma de protesta ciudadana. El periodista de economía e historiador Daniel Muchnik tiene una visión diametralmente opuesta, y opinó desde su muro de Facebook en línea con lo escrito por Morales Solá, a quien citó. "Protesta ciudadana es la que se llevó a cabo aquel jueves de hace semanas, cuando cubrió la Plaza de Mayo y aledaños. Pararse frente a la casa del enemigo, hostigándolo, EN PATOTA, es cobardía de bajo nivel. Si algún ciudadano o un grupo de ciudadanos está en contra de un funcionario utilicen todos los recursos de la legalidad civilizada. No utilicen los mismos métodos del oficialismo", me dijo Muchnik. Con esta última frase se refería a los escraches k a periodistas que ocurrieron hace un par de años, al conmemorarse un nuevo aniversario del último golpe de Estado. Lejos de la magnitud de los señalamientos nazis, nuevamente, el mismo error.

Curiosamente, con los escraches de la semana pasada se estaba protestando contra la ausencia de esa pretendida "legalidad civilizada", emblemáticamente representada en el juez Oyarbide, campeón de los sorteos en las causas contra los k. Precisamente, se estaba escrachando a un conspicuo símbolo de la legalidad incivilizada de un país que vive al margen de la ley. Eso le respondí. En fin. El debate siguió y sigue, acaloradamente, en esa red social. Por mi parte, el intercambio me movió a escribir estas líneas.

Al pueblo le sobra pintura.
Estas quejas contra el escrache "a la argentina" como método de expresión invierten, llamativamente, el orden de responsabilidades. Pues aquí el que escracha es el pueblo -o parte de él- al poder. Precisamente al revés que el nazismo. En efecto, mientras a mediados del SXX eran el fascismo y el nazismo quienes escrachaban ciudadanos o etnias en su conjunto, desde todos los aparatos del Estado, esta semana se escrachó a dos funcionarios públicos muy representativos del poder gobernante. Esto es, mientras en Europa el señalamiento sucedía de arriba hacia abajo, con consignas que terminaban en una temible marginación y amenaza de -segura- muerte, los escraches que ocurrieron en Argentina fueron en sentido contrario: de abajo hacia arriba, levantando -una- la bandera de la "Justicia independiente" y -la otra- la del "hartazgo por la violencia patotera". Expresado de otra forma: los escrachados en Argentina son funcionarios públicos cuestionados por su desempeño precisamente público, no ciudadanos de a pie discriminados o marginados en ese acto de la sociedad como un todo.
Por eso Moreno respondió como respondió -"Que se metan las cacerolas en el orto"-: porque el kirchnerismo no puede operar políticamente, ya, al parecer, de otra manera que propagando el miedo por doquier. ¿Qué otra cosa sino eso es la desastroza política antiinflacionaria practicada por el secretario de Comercio Interior?
Es decir, en fin: mientras en la Italia autoritaria y en la Alemania totalitaria el señalamiento público era el dispositivo primero y primitivo de la inoculación del miedo en la sociedad -me remito a los escritos de Hannah Arendt-, los acontecimientos de los que somos testigos en el país van en sentido contrario: expresiones -quizá, ciertamente, con una fuerte carga de violencia verbal- que buscan romper el miedo que se propala como política de Estado, y que, jocosa e indirectamente, la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, verbalizó hace un par de semanas. Nada es casual.
Esa misma direccionalidad ascendente tuvieron, desde mi punto de vista, los escraches "dramatizados" (Habermas) por la agrupación H.I.J.O.S. en los noventa. Volveremos sobre esto más adelante.

Tampoco es casual, en este sentido, que la frase que escribí para encabezar mi blog, acompañada de la imagen de un portón con la inscripción "Me sobra pintura", sea ésta que vengo repitiendo por estos agitados días:

El pueblo, escribe Maquiavelo, quiere, simplemente, que no lo jodan. Igual que este buen hombre. Y como a este buen hombre, señores gobernantes, al pueblo también le sobra pintura...

Frase que no es más que otra forma de expresar lo que alguna vez dijo Juan Perón: "Cuando el pueblo se cansa, hace tronar el escarmiento". Idea que no es, por cierto, como en casi todo su pensamiento político, propiedad intelectual del General. Al contrario, es una idea muy liberal. Baste remitirse a lo que uno de los padres del liberalismo, John Locke, escribió hacia el final del Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil (escrito en 1690):

"¿Quién podrá juzgar si el príncipe o el cuerpo legislativo están actuando en violación de la confiana que se depositó en ellos? (...) Y respondo: el juez habrá de ser el pueblo; pues ¿quién podrá juzgar si su delegado o diputado está actuando de acuerdo con lo que se le ha encomendado, sino aquel que le ha encomendado la misión y conserva todavía el poder de destituirlo cuando el depositario del encargo no lo cumpla?".

Y bien: es lo que empezó a pasar el 13/S. Y los escraches de esta semana son hijos de ese acontecimiento.

Escraches, y escrachos
La Real Academia Española toma estas dos acepciones de "escrachar". Dice: "1. Romper, destruir, aplastar. 2. tr. coloq. Arg. y Ur. Fotografiar a una persona". Es cierto que "escrachar" se entendió históricamente como sinónimo de "destruir, romper". Pero su origen se encuentra en la jerga policial, donde escrachar refería a reconocer a un delicuente. En consecuencia, en lunfardo originario ser escrachado era ser marcado por la policía: el rompimiento institucional de la estrategia de invisibilización del delincuente. "Escrachar", en fin, es develar una imagen (escondida), "fotografiar" o descubrir (inscribir) una identidad encubierta. Sigo la recopilación que hace Fernando Hugo Casullo (en Diccionario de voces lunfardas y vulgares, Plus Ultra, Buenos Aires, 1976), aunque la extiendo un poco, por cierto. Y así es como aquí tenemos, entonces, amalgamadas las dos definiciones antes citadas. De "escrachar", además, deriva "escracho": cara fea.
Nos vamos acercando a la actitud social que queremos describir. Lejos de ese origen policial, institucional, en la Argentina de los últimos tiempos se escracha a los escrachos sociales, a los impresentables sociales. Se busca "poner en evidencia", visibilizar: pero no de arriba abajo, sino al revés: de abajo hacia arriba. Claramente, el procedimiento del escrache tiene un sentido de impugnación social. Y a su vez, al congregar en la arena pública a una multitud, conforma un modo de "subjetivación" -como diría el fallecido historiador Ignacio Lewkowicz- subversivo. Esto es: la operación crítica que busca alterar la lógica instituida por las prácticas estandarizadas reproductoras de los lazos sociales, de los lugares, y de los sentidos de la vida y de las acciones, ya establecidos (recomiendo leer Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez, y también Sucesos argentinos. Cacerolazo y subjetividad postestatal, ambos de Lewkowicz).

Escribe Lewkowicz: "La inoperancia del aparto jurídico-político para castigar los delitos del poder parece que opera en todos los niveles. Tras el juicio a las Juntas que comandaron el proceso represivo de 1976 a 1983 y las progresivas concesiones de impunidad, se organizan distintos grupos que generan los escraches. Los edificios, las cuadras, los barrios, en los que reside algún criminal represor impune se ven paulatina y progresivamente inundados de una actividad que los denuncia públicamente como comprometidos en delitos aberrantes. El escrache compromete al vecino: el anonimato en que lo mantenía la impunidad jurídica es quebrado por la organización de esta denuncia colectiva. Ya el escrachado sabe que los otros saben que ha estado comprometido en algo, ya no es cualquiera. La máquina del escrache confía en la sanción social, en la incomodidad permanente, en el hostigamiento que efectivamente castiga a os impunes de la justicia oficial. En esta línea, el escrache, más que pedir justicia, hace justicia; es el modo en que efectivamente tratamos a nuestros castigados".
En los noventa, en un clima de falso perdón, de amnistía amnésica a los militares genocidas, de olvidos cómplices menemistas, de punto final y obediencia debida también, un grupo de ciudadanos argentinos que tenían la característica común -generadora de identidad, como dije- de ser hijos de detenidos-desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado, le hacía saber a sus conciudadanos, con pancartas, cánticos, lágrimas paradójicamente alegres, y ciertamente rencor desbordado, pero pacífico, que en ese lugar vivía un chacal, un asesino. Qué diferencia con el nazismo, ¿no? Mientras los nazis en el poder marcaban a quienes iban a marginar o directamente asesinar, los hijos buscaban romper a los gritos un dispositivo de silencio que ocultaba asesinos. Jamás hubo violencia en estos escraches. Ésta es la génesis de los escraches en la Argentina, y es la que se repite hoy. Que quien más furibundamente los haya cuestionado sea un conspicuo representante de una clase política pasada de moda (?) como el Turco Asís, o un editorialista de La Nación, lo confirma, al menos para mí.
Nadie puede dudar de la vocación de justicia y de la convicción de protesta pacífica, de respeto a los derechos humanos y, en fin, a la vida, de los chicos de HIJOS. Ésa y no otra es la génesis, insisto, de los escraches en Argentina. Se entiende ahora por qué hablar de "nazismo" para referirse a esa práctica puede sonar ridículo y hasta insultante.

Los escraches de hoy apuntan, también como aquellos de los noventa, a producir sentido. Como ya casi todos reconocen, el 13/S alteró el escenario político nacional. Los escraches también pueden llegar a tener consecuencias o respuestas. De hecho, menos de 24 horas después del escrache a Oyarbide, el juez se apartó -arguyendo "violencia moral"- de la causa de Paula de Conto contra Moreno, que precisamente había ocasionado la manifestación, y que al día siguiente se repitió en la casa del supersecretario, en respuesta a su "Que se metan las cacerolas en el orto". La causa que originó ambos escraches de esta semana no me parece un detalle menos: Paula de conto representa, para muchos, una voz que se alza frente al dispositivo oficial del miedo.
Por lo demás, hay que agregar que los argentinos no viven escrachando a sus conciudadanos. Antes bien, es el gobierno nacional quien lo hace: a través de los programas de la televisión pública y por los medios privados que financia con pauta oficial, incumpliendo un fallo al respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; o la propia Presidenta por cadena nacional.
Quizá lo que es difícil entender sea que el malestar que viven hoy muchos argentinos no tiene como origen una crisis económica de las que son habituales por estos pagos cada más o menos una década, sino, más bien, demandas políticas, como lo pueden ser las de "respeto por las instituciones de la república", "calidad institucional" o "basta de corrupción pública" o "No al miedo" o "No a la RE RE". Cadenas de significantes que se van agrupando y llenando de sentido articulador. Los políticos e intelectuales k conocen el mecanismo, pues su filósofo político de cabecera es quien escribió toda su vida sobre ello: Ernesto Laclau.
¿Por qué no pensar, entonces, que las demandas son esas? Es decir: son políticas. ¿Acaso los argentinos no pueden, si es que la economía va tan bien como dice la Presidenta y le confirman los números del Indec, sentirse insatisfechos con esa -aparente- conquista y pedir más? Más democracia, mejor democracia.

Como lo escribí en el post titulado "13/S", la sociedad dijo "Basta, no tenemos miedo". Los escraches ciudadanos, inscriptos para mí en la tradición argentina de protesta social, no buscan generar miedo, como pretendían los nazis en 1934. Al contrario, fruto del click que fue el tan cercano 13/S, buscan liberarse del miedo como dispositivo de dominio al que apela cada vez más el kirchnerismo para gobernar. Seguramente había bronca en esos escraches. Pero era, paradójicamente, una bronca liberadora.
En síntesis: puede decirsde que cuando las instituciones de la república no cumplen en definitiva su rol mediador, el de procesar las demandas ciudadanas, son los ciudadanos los que "procesan" e interpelan a las instituciones y a sus agentes. De la forma que pueden o encuentran. Eso fue el 13S. Eso -y no otra cosa- fue lo que ocurrió la semana pasada frente a las casas de Oyarbide y Moreno.

Política y participación: ¿qué fue el "que se vayan todos"?

La mala memoria -o la mala intención- hacen imperioso repasar el sentido sociopolítico de los hechos ocurridos a partir del 19 y 20 de diciembre de 2001 en todos los barrios porteños, y en cada rincón del país, al grito del "que se vayan todos".
Porque ahora parece que fue el fallecido ex presidente Néstor Kirchner el que nos sacó de aquel "infierno" que significaba la gente en la calle auscultando, reclamando y exigiendo -hasta con propuestas por escrito- al poder, casi poniendo en cuestión el artículo 22 de nuestra Carta Magna ("El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes").
Los medios y los políticos -que se quedaron- parecen tener un especial interés en vaciar primero, y resignificar luego, aquellos sucesos que representaron un "click" en la mentalidad ciudadana argentina y no un "momento de anomia y despolitización", como se pretende ahora casi al unísono.
Por ello hoy quisiera reflotar algunos fragmentos de un artículo que escribí hace un tiempo sobre el tema: para recordar qué "vino" con el "que se vayan todos", y cómo reaccionó ante ello la dirigencia política.

Nueva ciudadanía versus vieja política

Los acontecimientos ocurridos el 19 y 20 de diciembre de 2001, que pusieron en estado de asamblea popular permanente a cada uno de los barrios y ciudades del país, constituyeron, sin duda, un nuevo envión para las nuevas formas de protagonismo social. Aquello fue (y es) tan poco comprendido que hasta algunos intelectuales biempensantes empezaron a hablar, por entonces, de la “disolución de la Argentina como país”. Pero lo cierto es que, al mismo tiempo que el colapso institucional ponía en evidencia la fatiga del sistema político representativo, las asambleas barriales volvían a expresar, como años atrás lo habían hecho los piqueteros, la capacidad de autoorganización de distintos sectores de la sociedad, de construir y de regenerar lazos sociales por fuera de las instituciones, muchas veces barriales, más centrados en lo local, en la confianza y en el vínculo personal para hacer frente a problemas sociales concretos y acuciantes, otorgándoles así mayor preeminencia a las prácticas democráticas (y solidarias) que a los discursos.

(...)

El verbo constitucional “peticionar” parece haber perdido vigencia a manos del más imperativo “exigir” a las autoridades, como lo muestran las demandas de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú en la resolución del conocido conflicto por la instalación de las papeleras en Uruguay. Piquete y asamblea: aquella síntesis que se instaló con fuerza luego de diciembre de 2001, y que meses más tarde muchos se apresuraban a dar por muerta, reaparecía pocos años después con todo su vigor como forma política de reclamar.

(...)

En otro orden de cosas, vecinos de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires impulsan iniciativas –actualmente en estudio por una comisión bicameral bonaerense– para crear nuevos partidos, más pequeños, y así lograr una mejor gestión con mayor control y participación ciudadana. Aunque su aplicación lleva años en mora, la Ciudad de Buenos Aires ya había hecho punta con esta idea (ver “La participación en la Ciudad…”).
Estos son sólo algunos ejemplos, entre tantos que existen en todo el país, de ciudadanos que optan por la acción directa y por ponerle el cuerpo a la práctica política. Ejemplos que ya forman parte de nuestra vida cotidiana y que parecen demostrar que la política ha dejado de ser patrimonio exclusivo de los políticos.

La participación en la Ciudad, bien gracias

“Participación”, reclaman los ciudadanos por aquí, allá y acullá. Y “participación”, previsiblemente, es la respuesta que se apuran a ofrecer los políticos cuando los ciudadanos se movilizan. Diciembre de 2001 marca, ciertamente, un pico de efervescencia social y ciudadana en todo el país. Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires no serían la excepción. Al calor del bullicio “cacerolero”, los vecinos porteños comienzan a reunirse para expresar no sólo su malestar sino también sus opiniones políticas, las que muchas veces se irán enriqueciendo hasta generar una iniciativa ante el Estado. “Participación”, entonces, es la palabra mentada desde las esferas institucionales para dar cauce a las inquietudes ciudadanas. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de “participación”? Dos ejemplos, la implementación de las Comunas y las dificultades sufridas por algunas experiencias participativas en materia de salud nos hablan de la distancia existente entre un discurso políticamente correcto y prácticas que son una clara muestra de la persistencia de la vieja política.
Para ponerse a tono con los tiempos democráticos que corren, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires de 199 6 creó, entre varias figuras novedosas e innovadoras, la de las “Comunas”, que dividen la Ciudad en quince “unidades de gestión política y administrativa” descentralizadas, con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propios.
Las Comunas tendrán por objeto, entre otras cosas, según reza la Ley Orgánica de Comunas (Ley 1777 ), sancionada por la Legislatura Porteña el 1 de septiembre de 2005, “promover la descentralización”, “facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y en el control de los asuntos públicos”, “promover el desarrollo de mecanismos de democracia directa” y “consolidar la cultura democrática participativa”. Pero por cuestiones de arquitectura legal, de infraestructura, y hasta de límites no resueltos por la Ley 1777 (saldados tan sólo hace un mes por la Justicia Electoral), el mandato constitucional de crear las Comunas para dar vida a una “democracia participativa” ya lleva diez años sin aplicarse plenamente.
“Las Comunas son la vía más idónea para que los porteños abandonemos el ‘no te metás’ y empecemos a ser protagonistas de verdad en la construcción de nuestro barrio”, se entusiasma Ricardo, peluquero, vecino de Villa Urquiza y miembro de esa asamblea barrial, que participó hasta hace poco de las charlas para implementar la transición hacia las Comunas, que realizan funcionarios de la Ciudad con ciudadanos porteños en el Bar América (Córdoba 1811) todos los lunes a las 19.
Carlos Wilkinson, miembro de la Red de Vecinos de Buenos Aires, también aplaude la Ley de Comunas pero tiene sus dudas. “Que el presupuesto inicial a repartirse sea del cinco por ciento del presupuesto de la Ciudad deja muy poca capacidad de decisión política a la Comuna. De modo que, sin presupuesto, no se puede hablar de una auténtica participación”, sostiene.

En el mismo sentido, el sociólogo Emilio Pauselli (UBA) piensa que la mayor energía puesta en juego desde la sociedad a partir del 2001 “se verá obstaculizada por unas prácticas políticas que entienden que la participación no controlada es riesgosa, que una cosa es ‘opinar’ y otra ‘decidir’”. En efecto, para Pauselli, el “que se vayan todos” surgido de las asambleas expresa, en verdad, el proceso de transformación de “la relación entre la sociedad en general y el subsistema político en particular y no si quienes participan y conducen el subsistema político se quedan o se van”. Lo que el espíritu asambleario muestra son las ganas no sólo de involucrarse sino de decidir que tiene la nueva ciudadanía. Por ello suelen fracasar los proyectos participativos gubernamentales, porque “no se orientan a favorecer un protagonismo ciudadano reconstituyente”, como advierte Pauselli, “sino a reproducir y mantener el estado social de disgregación, mediante su dependencia de la clase política, reproduciendo el paradigma de relaciones establecido”.
La disminución de asistentes que desde 2002 viene sufriendo, año tras año, el Presupuesto Participativo porteño es otro claro ejemplo de que los ciudadanos no están dispuestos a hacer como que juegan a la participación.
La salud es otro ítem que también muestra que del dicho al hecho hay mucho trecho en materia de participación. La socióloga Grisel Adissi (UBA), que estudió las características de dicha temática en los sectores más postergados de la Ciudad, comienza por establecer una distinción semántica importante: los movimientos sociales que se conforman para resolver cuestiones vinculadas con la salud no entienden la “participación” en términos de presentarse en el espacio público, debatir y demás, sino, de modo más apremiante, como “ayuda mutua”, la cual “abarca desde diferentes formas de conseguir medicamentos (cuotas solidarias para solventar compras, donaciones) hasta otras estrategias más puntuales de resolución”, muchas veces sin referencia alguna al Estado. Así, estos movimientos, “que se plantean a sí mismos como autónomos, se remiten a redes más polimorfas de solidaridades obtenidas por su lucha”.
En este caso también se ve la impronta de los acontecimientos de diciembre de 2001. Las asambleas barriales, reunidas en la Interbarrial de Parque Centenario, generaron por entonces una instancia respecto a este problema, Intersalud, que comenzó a funcionar como intento de articulación de demandas de diversos tipos, que se fueron plasmando en una serie de “puntos” solicitados hacia el gobierno porteño a través de petitorios, elevación de informes y denuncias, y reuniones con funcionarios, apoyados siempre con “medidas de fuerzas” tales como actos, concentraciones, marchas, tomas de hospitales, etc. Adissi destaca que “las veces que las acciones con lógica de ciudadanía dependían del diálogo con el gobierno, fueron obstaculizadas de manera sistemática”.
Y pese a seguir los canales que el Estado mismo pone a disposición de la participación ciudadana, como la Defensoría de la Ciudad, no obtuvieron respuesta.
Pero lo importante para Adissi es que, a través de estas prácticas, “los movimientos sociales involucrados amplían el espacio público-político, cuestionando de hecho el monopolio del hacer político por parte de las instituciones y de los ‘políticos profesionales’”.
Sin embargo, en términos estrictamente institucionales, la socióloga destaca que “la influencia de los movimientos sociales en la configuración de la política pública, al menos en lo que a Salud respecta, se encuentra lejos de tener lugar por canales aceitados e impulsados desde el gobierno, contrariamente a lo proclamado”. En palabras de Pauselli, “los espacios participativos se construyen desde la oferta de los gobiernos y resultan bastante impermeables a las demandas de los participantes en cuanto éstas no son funcionales o sólo son distintas a las preformateadas”.
Los gobiernos no sólo deberían atender sino también estimular la participación de los movimientos sociales y ciudadanos, pues, como enfatiza Adissi, “son la forma más genuina de expresión popular”.
Pero, para que eso sea posible, hace falta un Estado fuerte, lo que no se contradice con la idea de democracia plural y participativa. Y aún con sus vaivenes, con las broncas espasmódicas, las desilusiones y las esperanzas que la nueva ciudadanía despierta, mal que les pese a los defensores de la vieja política, la sociedad está empezando a demostrar con vigor e imaginación que todavía tiene mucho que decir sobre ello.

Pueden leer mi artículo completo en el Boletín N° 23 de la Academia Nacional de Periodismo.