¿Para cuándo la Ley de "patrimonio igualitario"? Los ayllus andinos y los funcionarios K

Ayer, finalmente, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cumplió con la ley y entregó a la Oficina Anticorrupción su declaración jurada de bienes 2010, que señala que su patrimonio se incrementó en más de un 27% en el último año, y en un total de un 929% desde que llegó al poder con su marido en 2003. Más próspero, con todo, fue su compañero de fórmula, el ministro de Economía, Amado Boudou, quien tuvo un incremento del 64% en su patrimonio en un año. Algunas semanas atrás, se conoció también la información que señalaba que otros ministros del gobierno nacional y popular habían aumentado considerablemente su patrimonio personal en el último ejercicio. Por ejemplo, el jefe de la ex SIDE lo hizo en un 164%; mientras que las ministras Alicia Kirchner y Nilda Garré lo hicieron en un módico 59% y 35%, respectivamente. Datos que salían, por supuesto, de comparar sus últimas declaraciones juradas como funcionarios públicos.
Cristina es, por ejemplo, cuatro veces más rica que su par norteamericano, Barack Hussein Obama.
Tanto hoy como aquella vez, cuando leí la información, no pude evitar pensar en las comunidades o "ayllus" andinos del imperio incaico, que practicaban un sencillo y útil mecanismo de solidaridad y a la vez control compartido sobre los bienes de sus comunes. ¿Cómo es esto?
Las relaciones sociales en las comunidades andinas del imperio incaico, pre y pos conquista, se estructuraban en torno a "ayllus". Un ayllu tradicional se puede definir como “un grupo cuyos miembros se consideran ‘hermanos’, que se deben mutua ayuda y sostén, en contraste con otros que se encuentran fuera de los límites del grupo”. La relación de parentesco, sean estos reales o míticos, servía de base para todas las relaciones sociales dentro de cada ayllu, cuyo ideal económico era la autosuficiencia.
A su vez, cada grupo de ayllu tenía un representante, supervisor y guardián: el kuraka. Este cacique, en tanto que no dejaba de ser un miembro integrante del grupo ligado por lazos de parentesco, se regía por las mismas pautas de lealtades y obligaciones recíprocas hacia el ayllu. Arbitraba en las disputas y respaldaba las demandas de bienes y recursos hechas por los miembros más débiles. En retribución a su tarea, los kurakas tenían acceso especial a los bienes y recursos de sus comunidades. Podían servirse, por ejemplo, de indios que cultivaran sus tierras. Pero, en realidad, esto no era más que otra forma de ampliar la red de derechos y obligaciones recíprocas. Justamente, ese mecanismo se repetía a la hora de hacer frente a las obligaciones del Estado incaico en cuanto a trabajo en las minas, en la tierras del Estado, los sacrificios, etc. (obligaciones, todas, que el kuraka se encargaba de hacer cumplir).
Luego de tanta historia, llegamos aquí al punto que me interesa resaltar para este post: cuando un miembro de la comunidad -el ayllu- era llamado por el Estado incaico a cumplir con las obligaciones "públicas" (permitasemé) que hacían, en definitiva a la grandeza del Estado incaico, dejaba su economía personal a cargo de un pariente del ayllu para que sembrara, realizara todos los quehaceres necesarios y demás. Y ese pariente lo hacía, sabiendo que, en su momento, esa ayuda que prestaba le sería retribuida por aquél del mismo modo.
Hermandad. Confianza. Reciprosidad. Solidaridad. Honestidad. Valores, todos, arraigados en el ideario de la comunidad.
Volviendo a nuestros días: ¿puede, un funcionario público, responder en toda su amplitud a todas las problemáticas que se le presentan en la compleja arena pública moderna y, a la vez, preocuparse por progresar en sus negocios personales? El debate, por cierto, no es nuevo.
En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente que asume el cargo debe dejar el manejo de su economía a un tercero, en una fórmula conocida como "fideicomiso ciego", utilizada ya por John F. Kennedy al llegar a la Presidencia en los '60. El fideicomiso ciego consiste en que el candidato a cualquier cargo público deje sus acciones e intereses en un fondo manejado por un tercero. De esta forma, la autoridad no sabe dónde está invertida su plata.
El politólogo Norberto Quaglia (UCES) señala: "En EE.UU., en el caso de los funcionarios federales electos (parlamentarios, presidente, vicepresidente) la divulgación pública de su patrimonio e intereses es el método principal de regulación del conflicto de intereses. La legislación estadounidense considera que sigue existiendo un conflicto de interés respecto a los activos del fideicomiso ciego aprobado hasta el momento en que el fideicomisario notifica al superior del funcionario público que vendió los activos originales, y que el capital fue reinvertido en nuevos activos, o bien, hasta que estos activos redujeron su valor a un máximo de US$1000. De no ocurrir lo señalado, el funcionario seguiría teniendo conocimiento de los activos originales y en consecuencia el fideicomiso no tendría el carácter de ciego".
De hecho, si comparamos las repercusiones del affaire Clinton-Lewinsky con las de las distintas informaciones económicas referidas a los negocios de George W. Bush cuando era presidente, se ve que un primer mandatario norteamericano corre más riesgos por una relación moralmente "indebida" que por intereses económicos en áreas cuestionables. El fideicomiso ciego no es, por cierto, la mejor solución a estos temas éticos, pero es un abordaje del tema. También se planteó esa solución en nuestro vecino Chile, cuando el actual presidente, el multimillonario Sebastián Piñera se candidateó a la primera magistratura de ese país.


El sistema legal argentino establece simplemente que para ser funcionario público no debe haber colición de intereses o intereses concurrentes entre el funcionario en cuestión y el cargo que ocupa(rá). Algunas de estas normas elementales también han sido incumplidas por el presente gobierno. Recuérdese las denuncias sobre compra de dólares de Nésto Carlo Kirchner, favoreciéndose de información privilegiada. Pero, si no se quiere hilar fino, véase también la gestión -durante la presidencia de Nésto- de Alessandra Minicelli en la SIGEN, quien debía controlar la gestión del ministerio más importante de toda la era Kirchner: el de Planificación Federal, cuyo jefe era (y es) Julio De Vido. Es decir: su marido...
Son comunes en nuestro país, también, los contínuos "saltos" de personas de la función privada a la pública y al revés: de la pública a la privada, utilizando precisamente la red de contactos y saberes que la persona adquirió al pasar por la arena pública, para favorecer a agentes privados con los que, hasta ayer nomás, lo diferenciaban intereses diametralmente opuestos.
Los controles a los funcionarios, en Argentina, si bien delimitados meticulosamente en la letra, son laxos en la práctica. Y más aún en lo que tiene que ver con crecimiento patrimonial. Aún la democracia argentina le debe a su pueblo condenas judiciales cualitativas y cuantitativas por los delitos de corrupción y de enriquecimiento ilítico.
Otro de los aspectos centrales de la mejora en la "calidad institucional" prometida y que nunca llegó (ver también "La 'calidad institucional' prometida"...).

Luego de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, escribí aquí:
"En la Argentina de los Kirchner, ¿después del 'matrimonio igualitario' vendrá el 'patrimonio igualitario'? Ésta es una lucha, también. No existe sólo la lucha gay, o la lucha contra el campo, o contra los medios. De hecho, creo que ésta es 'la' lucha para la mayoría de la población".
Sigo sosteniendo lo mismo.

¡Ah! ¿Quieren saber cómo termina la historia de los kurakas de los ayllus incaicos? Simple: con la llegada del dominador europeo y la lenta pero inexorable introducción del dinero como forma de intercambio, se irán erosionando los lazos sociales de los kurakas con su comunidad más próxima, y así pasarán a abusarse de su situación de poder privilegiada y a fomentar ya no el progreso de su comunidad sino el de su propio patrimonio individual.